¿Y sería compatible con el euro y la unión económica tal y como la conocemos ahora?
Yo diría que no, porque la característica más destacada de la construcción de la unión monetaria es la falta de democracia, y la característica del bien común es la construcción democrática del sistema económico. Sería impensable que a través de un proceso democrático se construya el euro de esta forma en la que está. Si el pueblo pudiera escoger entre varias alternativas, escogería otra forma de hacer las cosas.
¿Qué mide el bien común?
Los valores más importantes de una sociedad, la satisfacción de las necesidades básicas y los fines más importantes. Es algo que no está escrito en ninguna parte, sólo se puede averiguar de forma democrática mediante una consulta. El producto del bien común sería el nuevo indicador del éxito de la economía nacional. El pueblo decidiría en procesos democráticos desde abajo cuáles son esos valores y necesidades importantes a medir. La buena noticia es que, según la psicología y la ética intercultural, son prácticamente idénticas o sumamente convergentes en todo el mundo.
¿La gente decidiría qué es lo que hay que priorizar y medir?
Eso es. Nosotros proponemos que se hagan reuniones del bien común en los municipios y que se llegue a unos veinte factores para componer el índice de felicidad, de calidad de vida o del bien común municipal.
¿Cómo hacer que las empresas se guíen por el bien común y no por la búsqueda de beneficios?
Ya existe el balance del bien común mediante un ejercicio muy sencillo: el balance mide cómo la empresa aplica cinco valores, que son dignidad, justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia.
Pero cómo se mide, por ejemplo, la justicia o la solidaridad en una empresa, ¿qué se tiene en cuenta?
Hemos desarrollado una matriz donde formamos intersecciones entre los grupos de contacto –proveedores, clientes, trabajadores...– e indicadores del bien común que, de momento, son 17. Es igual que el balance financiero, lo mide la empresa, pero sólo tiene validez cuando tenga el aval de un auditor.
¿Y quién dice qué es lo que tienen que medir las empresas?
De momento, somos nosotros: la asociación privada de la economía del bien común. Pero queremos que esto se convierta en ley, igual que otras leyes que obligan a las empresas a que hagan balances financieros. Hasta ahora nos apoyan 1.400 empresas y 300 implementan ya este balance. Pero somos aún muy jóvenes, sólo tenemos tres años de existencia.
Dice usted que es liberal, pero esta corriente es una forma de intervenir en la economía, ¿no es así?
Intervencionismo es una palabra vacía. Hay que definir qué es liberal y qué es una intervención. Que el Estado te dé una licencia para abrir un negocio o un banco es intervencionismo. La ley que te obliga a hacer auditorías, o la propia propiedad privada, es intervencionismo. Sin embargo, solamente aquellas intervenciones que interesan no son consideradas como tales, se consideran naturales, propias del mercado, mientras que otras intervenciones del mismo Estado que no convienen las llaman intervencionismo estatal. Es una ofensa intelectual. Es un éxito ideológico el que el mercado aparezca como natural, cuando es en su totalidad creación del Estado. La única diferencia entre la economía del bien común y la actual es que las reglas del juego se harían en sintonía con los valores de las constituciones y no en contra.
Lo que propone tiene mucho de otras corrientes como el comercio justo o la economía feminista, ¿no le parece?
Sí, nuevo no contiene prácticamente nada, solamente junta conclusiones. Si existe el comercio justo o injusto, lo que hago es primar lo que nos interesa: el justo. La cuestión es qué nos interesa primar, si lo bueno o lo malo.
Por ejemplo, la economía feminista busca indicadores económicos alternativos para medir el bienestar de una sociedad más allá del PIB. ¿Su índice del bien común serviría para eso?
Sí. Además, la atención desequilibrada hacia lo monetario se puede considerar patriarcal. Tenemos muchos enfoques del feminismo y del ecofeminismo. Lo más importante para mí es la valoración relativa del trabajo reproductivo y la desvalorización relativa del trabajo productivo, por ejemplo, disminuyendo el máximo de propiedad privada y reduciendo el horario laboral medio para tener más espacio para el trabajo reproductivo, propio y social.
Proponen limitar la propiedad privada, ¿por qué?, ¿cómo lo harían?
No es propuesta política sino que demandamos que se debata en procesos democráticos descentralizados. ¿Por qué limitar la libertad a la propiedad? Porque en una sociedad verdaderamente liberal todas las libertades están limitadas, y la limitación de las libertades es la esencial liberal. A pesar de que todo el mundo está de acuerdo en que mi libertad acaba donde empieza la tuya, y lo practicamos en casi todos los ámbitos de la convivencia, una sola libertad, la de propiedad, es ilimitada ,y, si la cuestionas, te tachan de antiliberal y comunista. Hay que limitarla para que el poder económico de una empresa no pueda ser tan grande como para aplastar las libertades económicas de otras empresas y los propios derechos políticos.
Proponéis también otras limitaciones, ¿cuáles?
No habría ningún tipo de rendimientos del capital, los ingresos serían sólo a través del trabajo y no habría ningún tipo de especulación, ni intereses, ni dividendos. Limitaríamos la desigualdad máxima en los ingresos, el tamaño de las empresas y el derecho hereditario. El objetivo es liberal: que no haya ninguna sobreconcentración de poder. Las grandes empresas tienen demasiado poder, tanto en el mercado como en el ámbito político. Liberaríamos también a las empresas de la coerción de tener que crecer a través de absorber a otras, del canibalismo.
¿Limitarían la posibilidad de que las empresas hagan donaciones a partidos políticos?
Donaciones cero, o quizá mil euros por empresa, pero sí limitarlas para que no haya desigualdad y que no el más poderoso pueda dar más.
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